¿Y qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos?

Nadie sabe, nadie supo: a un año del caso Ayotzinapa aún no hay respuestas concretas.

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A días de que se cumpla un año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para esclarecer el caso previamente investigado por la Procuraduría General de la República de México (PGR), entregó el reporte que incluye las conclusiones de sus seis meses de investigación.

Para sorpresa de muchos –o no– el documento del grupo de expertos (integrado por el español Carlos Beristáin, los colombianos Ángela Buitrago y y Alejandro Valencia Villa, el chileno Francisco Cox Vial y la guatemalteca Claudia Paz y Paz) desacreditó varios puntos expuestos por el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el pasado enero, cuando en conferencia de prensa ofreció la “verdad histórica de los hechos”, la cual, al parecer, no fue ni tan verdad ni tan histórica como se pensaba.


Aquí algunos puntos de la investigación de la PGR refutados por la GIEI:

Sobre el móvil de los ataques a los normalistas
Investigación PGR: “Los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región; ésa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida… La versión se transmitió de un nivel a otro del grupo delictivo y que surgió de los líderes de la organización, entre los que se encuentran José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa (esposa del ex alcalde) y Sidronio Casarrubias Salgado (ex líder de la organización)”.

Investigación GIEI: Se consideran varias hipótesis, “Desde un ataque como parte de la consideración de Ayotzinapa como base social de movimientos políticos o insurgentes, a la tesis oficial mantenida un tiempo sobre la confusión de los autores sobre la identidad de los normalistas. Otra posibilidad considerada sería una acción de castigo contra los normalistas por los antecedentes de enfrentamientos y señalamientos contra el alcalde Abarca. Sin embargo, a juicio del GIEI, ninguna de ellas explica el modus operandi ni el nivel de coordinación y violencia”.

 

Sobre los agresores
PGR: De acuerdo con la procuraduría, el ataque fue realizado por miembros del grupo Guerreros Unidos, el cual incluye a miembros del cartel de los Beltrán Leyva y policías de Iguala y Cocula.

GIEI: “Además de las policías municipales de Iguala y Cocula, que fueron los directos agresores, en las dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia de donde fueron detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del ejército, de la policía federal y ministerial en distintos momentos”.

 

Sobre la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula
PGR: “El lugar y las condiciones fueron propicias para que hubiera un efecto óptimo en la oxigenación del fuego, lo que permitió la combustión por tiempo prolongado”.

GIEI: “El mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula… De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura. Ninguno de estos elementos muestra estos daños”.


Sobre la interpretación de la evidencia
PGR: “Las declaraciones de los detenidos, confirmadas por elementos materiales, dictámenes, pruebas periciales, testimonios y confesiones dejan clara la dimensión de la investigación, dándonos la certeza legal de que los normalistas fueron muertos en las circunstancias descritas”

GIEI: El peritaje realizado por el grupo señala "las limitaciones científicas y técnicas que tuvieron los estudios realizados hasta ahora para una investigación de esta naturaleza por lo que sus conclusiones son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación”

 

Conclusión sobre la desaparición de los normalistas
PGR: “Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en ese orden”.

GIEI: “Los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio”.

 

El reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes también señala un quinto camión de transporte que la PGR dejó fuera de sus investigaciones, y recalca la ineficiencia de los cuerpos policiacos para asistir a los normalistas en peligro, incluso cuando recibieron llamadas de auxilio.