Colombia: ¿Una paz impuesta a la fuerza?

Juan Manuel Santos ya recibió el premio Nobel y aunque los colombianos le dijeran ‘no’ a la paz se seguirá adelante con el plan, sin embargo, el camino tampoco será color de rosa.

Las lágrimas, las protestas y hasta los insultos que despertó el ‘no’ a la paz están de vacaciones en Colombia. Esa polarización que se apropió de las conversaciones de oficina, causó guerras en redes sociales y acabó con más de una amistad por opiniones opuestas sobre lo que le conviene a Colombia pasó a un segundo plano.

Tal vez tenga que ver que el centro de atención se lo esté llevando una nueva tragedia: la de la violación y asesinato de Yuliana Andrea Samboní, una niña de siete años y origen humilde. El caso tiene conmocionado al país, más porque ocurrió menos de un mes después de otro abuso sexual brutal a una colombiana de 45 años, quien además fue fuertemente golpeada y quemada. Si a eso se le suma la petición que están haciendo para que se censure el nuevo video de Maluma “Cuatro Babys” por sus contenidos poco amigables para la mujer, se entiende que el foco ahora no esté por completo sobre Juan Manuel Santos, Timochenco o el premio nobel de la paz.

Pero no es que las negociaciones con las Farc se hayan quedado congeladas. Al contrario, la paz avanzó, solo que esta vez de forma escurridiza. Santos, al parecer, decidió no dar su brazo a torcer tan fácilmente. A poco más de un mes de que los colombianos rechazaran el plebiscito que definía si se aprobaba o no el acuerdo, la guerrilla y el gobierno anunciaron que habían firmado un nuevo texto: uno que según sus promotores ahora incluye buena parte de lo que buscaban los del ‘no’. "Dije que el acuerdo del 26 de septiembre era el mejor acuerdo posible”, dijo el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, después de firmar. “Pero hoy, con humildad, reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto que resuelve muchas críticas".

Con o sin el ‘sí’

Sin embargo, los que andaban con cédula en mano y listos para volver a las urnas sufrieron una decepción. Esta vez, los colombianos no tuvieron ni voz ni voto en el asunto. Al menos no los ciudadanos comunes, porque los que aprobaron el fin del conflicto el pasado 30 de noviembre fueron los miembros del Congreso. El gobierno defiende que es como si se les hubiera consultado a todos “indirectamente”, porque los congresistas son elegidos democráticamente cada cuatro años.

Pero el señor Álvaro Uribe Vélez, mejor conocido como el abogado del ‘no’, no lo vio así. Para él, la movida de Santos fue una estrategia perspicaz para burlar el triunfo de la oposición, que ganó por más de 50,000 votos. El gobierno hizo el esfuerzo de que el Uribismo y sus secuaces se sintieran incluidos y dijo que antes de llegar al nuevo acuerdo llevó a La Habana todas las consideraciones de los representantes del ‘no’, alrededor de 400 propuestas agrupadas en 60 bloques.

La paz sí, pero ¿cuándo?

Según el gobierno, la paz ya no tiene vuelta atrás. Pero la misma complejidad que caracterizó estos años de negociaciones -que para algunos se han hecho eternos- está presente en la fase final. Y es que no es que todo esté resuelto después de la aprobación del congreso, ahora vendrá la implementación de los acuerdos y el gobierno de Santos tendrá que llevar varios proyectos de ley y de reforma constitucional al legislativo. Se trata de un trámite que tardará mucho tiempo, por lo menos un año. A menos que el gobierno tome un camino más rápido, que por ahora no se sabe si será posible.

Hoy la Corte Constitucional decidirá si el Acto Legislativo por la Paz, o el proceso fast track que se le ocurrió al gobierno para aprobar el nuevo acuerdo de forma express, es legal o no. Se trata de un sistema que dismimuye los debates que normalmente establece el procedimiento legislativo colombiano. Lo normal es que los trámites se debatan cuatro veces (dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes) y las reformas constitucionales ocho. Pero el fast track lo reduce a dos y cuatro respectivamente.

No es sorpresa que Uribe y los suyos estén en contra de este atajo. Para los detractores de el expresidente, el motivo de su oposición es que en marzo de 2018 habrá elecciones parlamentarias y en mayo del mismo año serán las presidenciales. Aunque constitucionalmente Uribe ya no puede lanzarse a la presidencia, sí puede apoyar a un candidato que comparta sus ideas, como ya lo hizo en las presidenciales pasadas. Muchos creen que el político intentará posponer el acuerdo lo máximo posible porque le conviene electoralmente.

Mientras tanto Santos, con su premio Nobel en el bolsillo, todavía no puede asegurar que comienza la tan esperada paz de Colombia.