Cataluña: El presidente Puigdemont no responde si declaró o no la independencia y reclama diálogo al Estado español

El gobierno catalán declara la independencia pero deja en suspenso los efectos de la misma.

Hoy vencía el plazo que el Gobierno español había puesto al presidente catalán para que aclarara si el pasado 10 de octubre había declarado la independencia (que luego dejó en suspenso). El catalán ha respondido en un carta al presidente Rajoy en la que no responde al requerimiento del Gobierno español, se mantiene en la ilegalidad aunque solicita una reunión con el presidente español en el plazo de dos meses. Esto aboca al ejecutivo a implementar el artículo 155 de la Constitución, que previsiblemente dejará en suspenso el Gobierno autónomo a partir del jueves, cuando vence el segundo plazo requerido por el Gobierno del país. 

Para entender cómo se ha llegado a este punto, en el cual los políticos de una parte del país desafían al Gobierno central y a la legalidad del Estado del que forman parte, hemos preparado esta guía:

¿Qué pide el Gobierno catalán?

Un referéndum pactado con el estado español que pregunte a los habitantes de Cataluña si quieren independizarse de España o no, cuyos resultados sean vinculantes. Se citan como ejemplos similares los referéndums de independencia llevados a cabo en Escocia (Reino Unido) y Quebec (Canadá).

¿Por qué no es posible?

Porque la separación de una comunidad autónoma (así se denominan las regiones que componen el estado español) del resto del país no está prevista en la Constitución española, aprobada en 1978, y es, por tanto, ilegal. Según el artículo 2 de la misma, “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Por otro lado, el artículo 92 de la Constitución dice que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. Ninguna de estas circunstancias se ha dado y, si se dieran, el referéndum sería de carácter consultivo, no vinculante. Además, la presencia del sujeto “todos los ciudadanos” ha dado lugar a la pregunta: ¿Solo tendrían que votar los catalanes?

¿Qué dice Europa?

Es un asunto interno del país. Si bien en el Parlamento europeo se han oído muchas opiniones respecto al tema, a raíz de la polémica que despertaron el referéndum ilegal del 1 de octubre y las acciones policiales que intentaron detenerlo, no existe una voz unificada ni ningún posicionamiento oficial al respecto que indique que le Unión Europea vaya a intervenir por el momento.

PRINCIPALES PROTAGONISTAS 

Mariano Rajoy: presidente del Gobierno de España y líder del Partido Popular, principal fuerza conservadora del país. 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España.

Artur Mas: expresidente del Gobierno catalán. Fue la cara visible del actual movimiento nacionalista hasta 2016, pese a que su partido (valorado como conservador dentro de Cataluña) nunca había sido partidario de la separación hasta estos últimos dos años.

Artur Mas, expresidente de la Generalidad de Cataluña.

Carles Puigdemont: Actual presidente del Gobierno catalán y responsable del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad de Cataluña.

Oriol Junqueras: vicepresidente del Gobierno catalán y una de las figuras claves del movimiento independentista. Es presidente del partido Esquerra Republicana de Catalunya (Izquierda Republicana de Cataluña), considerado el principal y más antiguo defensor del independentismo.

Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya y vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Pep Guardiola y Carles Puigdemont.

Orígenes del conflicto.

Pese a que las razones históricas que dieron lugar al florecimiento de una identidad nacional y cultural catalana diferenciada se remontan, como mínimo, al siglo XVII, el conflicto actual arrancó hace poco más de una década.

Entre los años 2004 y 2006, el Gobierno catalán trabajó en la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña que sustituyera al aprobado en 1979. Los Estatutos de Autonomía son las normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma, algo así como las Constituciones de cada una de las regiones de España. Pues bien, el Gobierno catalán de aquel entonces dio forma a un nuevo Estatuto que buscaba mejorar las competencias de sus instituciones, avanzar en la definición y protección de la identidad de Cataluña, garantizar la participación del Gobierno catalán en órganos decisivos del Estado y de la Unión Europea y mejorar la financiación de la región.

Tras intensos debates y mucha agitación política, el Estatuto fue aprobado tanto por el Parlamento catalán como por el español. Además, se realizó un referéndum en Cataluña sobre el Estatuto en el que ganó el “sí” con un 73.90% de los votos, aunque la abstención fue del 50.59% y eso puso en duda su validez.

Poco después, el Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy (en aquel momento líder de la oposición en España), presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto catalán, preocupados por que fracturara el país. Cuatro años más tarde, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos del Estatuto y estimó que "carecen de eficacia jurídica" las referencias que se hacen a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña.

Ante este suceso, una parte de la sociedad catalana salió a la calle a protestar y a reclamar su "derecho a decidir”, contrarios a la idea de que el Tribunal considerara ilegal algo que dos parlamentos habían aprobado y que había sido sometido a votación.

Dos años más tarde, en 2012, el nuevo presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, propuso un pacto fiscal con el Estado español que mejorara la financiación de la región. La respuesta por parte del Gobierno español, ya por entonces liderado por Mariano Rajoy, fue negativa. ¿La razón? Ser “contrario a la Constitución”. Esta decisión desencadenó protestas cada vez más masivas en Cataluña.

A estas alturas, el discurso de los sectores más independentistas ya había ganado terreno, tanto en la calle como en las élites políticas. En 2013, el propio Gobierno catalán y varios de los principales partidos políticos activos en la comunidad autónoma empezaron a hablar de “estado propio” y de “derecho a decidir”, esta vez en referencia a un posible referéndum sobre la independencia de Cataluña. En 2014, el Gobierno catalán intentó organizar una consulta para conocer la opinión de los ciudadanos catalanes sobre si Cataluña debería ser un estado y si ese estado debería ser independiente. Delante de esta iniciativa, el Gobierno español presentó un nuevo recurso de inconstitucionalidad y, en 2015, el Tribunal Constitucional declaró la consulta inconstitucional y por lo tanto, nula.

Lejos de aplacar las aspiraciones separatistas, esto desencadenó nuevas elecciones en Cataluña. Los dos partidos independentistas sumaron el 47.74% de los votos, que les daba una mayoría absoluta en el parlamento, aunque no una mayoría de votos. El resto de votos se dividieron entre los partidarios del “derecho a decidir”, que sumaron un 11.40%, y los llamados constitucionalistas, que sumaron un 39.10%.

En el tiempo que separa estas elecciones del presente, el Gobierno independentista catalán se ha empeñado en avanzar hacia un referéndum vinculante, pese a las continuas negativas del Gobierno español, que ha rechazado dialogar sobre un tema que considera incuestionable, como lo es la unidad de España.

Lo que nos lleva hasta el pasado mes de septiembre, cuando el Parlamento catalán aprobó dos polémicas leyes. La primera regulaba la celebración de un referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña con respecto de España. La segunda tenía por objetivo garantizar la seguridad jurídica, así como la sucesión ordenada de las administraciones y la continuidad de los servicios públicos, durante el proceso de transición de Cataluña hacia el estado independiente de la República de Cataluña, en el caso de que el “sí” ganara en el referéndum regulado por la ley anterior.

Ambas leyes fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.

¿Qué puede pasar a lo largo de la jornada de hoy?


Hoy, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, planea presentar ante el Parlamento catalán los resultados del referéndum realizado el pasado 1 de octubre. Según las dos leyes descritas en el párrafo anterior, si el “sí" ha ganado se producirá una declaración de independencia. Pero el problema radica en que dichas leyes son ilegales, y en que el referéndum se celebró sin las garantías propias de una votación debido a dicha ilegalidad.

Si esta declaración de produce finalmente, se espera una reacción firme por parte del Gobierno de España, aunque no se sabe muy bien cómo se materializaría. Una opción que se baraja es la aplicación del artículo 155 de la Constitución: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (...) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Otra opción sería que el Gobierno catalán optara por invocar de nuevo (ya lo hizo el 2 de octubre) la mediación de un tercero para que ambos Gobiernos se sienten a dialogar.

Una tercera posibilidad sería que se decidiera convocar elecciones anticipadas en Cataluña.

Sea como sea, pase una de estas tres cosas o algo que todavía no podemos vaticinar, no se prevé que este conflicto finalice pronto.